SKU: 9786078622467
EDITORIAL: COLOFON EDICIONES ACADEMICAS
AÑO DE EDICIÓN: 2019
EDICIÓN: 1
N° PAGINAS: 200
TIPO DE PASTA: PASTA BLANDA
DESCRIPCION: En la actualidad hablar del derecho tributario o, como lo nombramos en México, derecho fiscal, es referirnos a una materia sustantiva del derecho, pues al regular los ingresos tributarios se convierte en una de las fuentes más importantes en cualquier parte del mundo. En España la mayoría de los textos se denominan derecho financiero y tributario, pues aunque la materia fiscal es una materia autónoma, no se puede negar que sus fuentes fueron el derecho administrativo en primer lugar y posteriormente el derecho financiero, hasta llegar a ser una institución autónoma e interdependiente con sus propios procedimientos. Desde la antigüedad las contribuciones han sido fundamentales para el desarrollo de los países, pueden tener diferentes nombres o denominaciones, sin embargo, su finalidad es la misma, sostener a los países en donde se recauda dicha contribución, las contribuciones pueden tener clasificaciones diferentes dependiendo del país, por ejemplo en México el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, establece que las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras; no obstante e independientemente de la clasificación o país de que se trate, el fin es el mismo, sufragar los gastos públicos que se generen en cada país. Ahora bien, para que las autoridades puedan llevar a cabo la recaudación de dichas contribuciones, necesitan contar con legislaciones que establezcan y regulen los procedimientos administrativos e incluso del orden penal para realizar su función pública, toda vez que, de nada serviría que existieran legislaciones que establecieran procedimientos y que no existiera sanción alguna para quien omitiera dichas disposiciones legales, porque siendo así, nadie cumpliría con las mismas; a su vez los procedimientos administrativos se encuentran normados y regulados tanto por las constituciones de cada país, así como las legislaciones ordinarias, en donde se recogen los requisitos que deben contener esos procedimientos para cumplir con los principios de constitucionalidad y legalidad.
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