Reseña del editor
Tras más de un siglo de intensa dedicación al perfeccionamiento de instrumentos conceptuales que permitieran una aplicación racional del derecho penal, se han logrado frutos sobresalientes, plasmados singularmente en la refinada dogmática jurídicopenal. La contrapartida a todo ello ha sido la renuncia de los juristas a intentar consolidar una teoría y práctica racionales de elaboración de las leyes. La tarea se ha dejado en manos de un legislador al que, con el argumento de ser el directo representante de la soberanía popular, se le han tolerado todo tipo de decisiones legislativas arbitrarias, trufadas de oportunismo y populismo. Esta obra pretende recuperar las tradiciones ilustrada y codificadora, que consideraban que la principal misión de los juristas era asegurar la racionalidad de las leyes. Con ese propósito el autor atiende a la actual práctica legislativa penal, describiendo bajo un modelo secuencial sus características y las carencias de racionalidad que presenta. A continuación hace una detenida propuesta sobre los contenidos de racionalidad, estructurados en cinco niveles, que debería satisfacer toda decisión legislativa penal. Prosigue el estudio con el desenvolvimiento del primero de los niveles, el de la racionalidad ética, donde encuentran acogida los valores determinantes de toda política criminal. Concluye el trabajo con la identificación del criterio que habrá de marcar la pauta en el desarrollo de los subsiguientes niveles de racionalidad. En esta segunda edición se añaden contenidos que permiten progresar en la comprensión de la dinámica legislativa y en el control de la racionalidad legislativa penal. De este modo, la monografía aspira a sentar las bases para una ciencia de la legislación penal que permita sacar a las leyes penales del coyunturalismo que ahora padecen y reintegrarlas al campo del debate racional.
Biografía del autor
Ha tenido siempre como una de sus principales preocupaciones la política criminal, cuyas cuestiones más problemáticas ha ido abordando a lo largo de los años. A sus tempranos trabajos impulsores de la reestructuración del derecho penal sexual se han ido añadiendo contribuciones relevantes sobre tráfico y consumo de drogas, aborto, disponibilidad de la propia vida y eutanasia, blanqueo de capitales, corrupción urbanística o privacidad en lugares públicos, entre otras. Con el paso del tiempo, convencido de la primacía de la política criminal entre las ciencias penales, ha ido produciendo trabajos comprensivos sobre los modelos político-criminales en juego en el mundo contemporáneo, que intentan entender las profundas transformaciones que está experimentando el control penal así como sugerir líneas de evolución racionales y socialmente viables. Miembro entusiasta del Grupo de estudios de Política criminal, ha colaborado de forma intensa en sus actividades y en la elaboración de las numerosas e influyentes propuestas políticocriminales que de tal colectivo han emanado en los últimos veinticinco años. Toda esa labor la ha desarrollado participando al mismo tiempo de forma constante en los debates sobre temas nucleares del derecho penal, en especial de la teoría jurídica del delito, y sin perjuicio de sus numerosos estudios sobre delitos concretos de nuestro código penal. Impulsor de la criminología empírica en nuestro país a través del Instituto andaluz interuniversitario de Criminología y con diferentes contribuciones personales, considera que solo la interrelación entre las diversas disciplinas penales podrá dar lugar a un derecho penal más justo y eficaz. La deriva irracional en la que se encuentra la actual política legislativa penal, campo de reflexión insuficientemente tratado, constituye uno de los temas que concentran su atención en estos momentos.
